El documento recomienda ajustes normativos en materia sanitaria, de legislación civil, mercantil y penal o de integración laboral. El último Consejo de Ministros aprobó el informe sobre las medidas necesarias para adaptar la legislación española a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos de las personas con discapacidad. Este documento destaca la necesidad de elaborar ajustes normativos en diversos campos (sanitario, de legislación civil, mercantil y penal o de integración laboral, entre otros) para adaptar las leyes españolas a la citada convención. La elaboración del informe recayó en el grupo de trabajo interministerial creado por el Consejo de Ministros el 10 de julio del pasado año. Este grupo, presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social y con participación representantes de todos los ministerios, ha realizado un estudio de la normativa española que debe adaptarse a la Convención de la ONU. El texto recoge las modificaciones que es preciso realizar con este fin. Entre las principales propuestas contenidas en el informe, se cita la necesidad de establecer una nueva definición del concepto de persona con discapacidad que supere la contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades. Se busca una definición más amplia del concepto de persona con discapacidad que no se ciña en exclusiva al ámbito de aplicación de esta ley. En el ámbito sanitario, se subrayan medidas para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos. También se entiende la discapacidad como causa de no discriminación en su relación con las administraciones públicas sanitarias. Además, las personas con discapacidad deben recibir la información sobre los servicios y requisitos para su uso en formatos accesibles. Respecto a la legislación civil, mercantil y penal, las propuestas de reforma del informe aprobado afectan, sobre todo, a cuestiones de Derecho Civil y de Derecho Procesal, para garantizar la igualdad en el reconocimiento como personas ante la ley, en el acceso a la justicia y el respeto del hogar y la familia. También se contempla la igualdad de trato en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia y la paternidad. Recomienda además eliminar de las normas los términos peyorativos como "incapaz" o "minusválido" y sustituirlos por "persona con discapacidad". En cuanto a la integración laboral, el documento prevé la revisión de la normativa sobre el acceso al empleo público, para lo que propone aumentar el cupo de reserva para las personas con discapacidad al 7%. Sobre la contratación en el sector privado, recomienda también una revisión para asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva en las empresas con más de 50 trabajadores. El informe también recomienda realizar un estudio más exhaustivo en ámbitos como la educación, la accesibilidad o la propiedad horizontal, debido a la complejidad de estos temas.

VOLVER