La sala especializada en personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado, el Banco de España, las principales entidades financieras y asociaciones del sector han puesto en marcha un grupo de trabajo para resolver aquellos problemas prácticos que puedan surgir de la aplicación de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Así se recoge en una comunicación de la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a la que ha tenido acceso Servimedia, en respuesta a una queja planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En su escrito, el Cermi pedía a la Oadis abrir una investigación sobre aquellas entidades bancarias que habían bloqueado –o comunicado su intención de bloquear—las cuentas de personas incapacitadas y cuya situación debía ser revisada en función de la nueva norma.

Preguntado en este sentido por la Oadis, el Banco de España asegura que no ha recibido ninguna queja por este motivo y se refirió a la creación de dicho grupo de trabajo.

Agrega que, según las conclusiones de estos expertos, la ausencia de revisión de las resoluciones judiciales, para lo cual se concede un plazo de tres años, “no puede justificar el bloqueo de las cuentas bancarias”.

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