La contratación de personas con discapacidad ha experimentado durante 2020 un desplome del 30% y la fórmula contractual específica para la inclusión laboral del colectivo se ha reducido en un 26,4%, como consecuencia de la crisis social y económica generada por la pandemia del Covid-19.

 

Estos datos se han dado a conocer durante la presentación del Informe 6 del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, presentado de forma presencial y virtual en un acto inaugurado por la secretaria general de Inserta y directora adjunta de Formación, Empleo y Transformación de Fundación ONCE, Virginia Carcedo, quien ha asegurado que, con esta iniciativa, “queremos contribuir a que este colectivo tradicionalmente olvidado, sea visible para una sociedad que poco a poco se va haciendo eco de sus necesidades. Ahora, más que nunca, tenemos que hacer un esfuerzo para ser tenidos en cuenta, escuchados e integrados en el mercado laboral. Pedimos la oportunidad de demostrar nuestra valía”.

 

A continuación, Luis Enrique Quifez, coordinador del informe, ha explicado los principales datos que arroja. Los últimos datos disponibles en España registran un total de 1.876.900 personas con discapacidad entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 6,2% del conjunto de nuestra fuerza laboral.  De ellas, 1.238.400 son inactivas en términos laborales (siendo la incapacidad permanente la razón de dicha inactividad en el 61,2% de los casos).  Desde 2008 el colectivo ha crecido en 795.100 personas, lo que supone que desde dicho ejercicio la tasa de prevalencia se ha incrementado en 3,8 puntos. 

 

La tasa de empleo de las personas con discapacidad (25,9%), dista significativamente de la de la población general, que se sitúa en el 66,9%, estableciéndose así una diferencia de 41 puntos porcentuales. Solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo.

 

En cuanto a la tasa de paro de las personas con discapacidad se cifra en un 23,9% frente al 14,2%, de las personas sin discapacidad, estableciéndose así una diferencia entre ambos colectivos de 10 puntos porcentuales. Asimismo, los datos de paro advierten de que 79.523 personas con discapacidad son paradas de larga duración, es decir, el 53,7% del total de desempleados. El paro de larga duración afecta en mayor medida a las mujeres, los mayores de 45 años y a aquellos sin formación o con estudios primarios. 

 

 

En 2019 se realizaron 354.991 contratos a personas con discapacidad, que representan el 1,6% del total de la contratación realizada en dicho ejercicio. Atendiendo a los contratos específicos para el colectivo, exclusivamente 86.706 se establecieron bajo dicho formato (24,4%).

 

La contratación del colectivo viene marcada por condiciones precarias e inestables. Del total de contratos realizados en 2019, exclusivamente el 9,9% tenían carácter indefinido. A ello se une un índice de rotación del 2,25, registrándose un total de 1.629 personas que fueron contratadas hasta 15 veces en el mismo ejercicio.

 

A su vez, el salario medio anual bruto de las personas con discapacidad se fija en 19.946,2 euros, un 17,3% menos que la población general. Desde 2010, ese salario se ha visto reducido en 607 euros, situación que no se reproduce en la población general, donde el incremento salarial es tenue pero constante. La inestabilidad laboral alcanza al 34% del colectivo, frente al 8,9% en el conjunto de la población.

 

La conjunción de las condiciones descritas aboca al 32,5% del colectivo a situaciones de riesgo de pobreza o exclusión social. Aun entre aquellos que tienen empleo dicho riesgo se sitúa en el 20,5%. Igualmente se identifican 10.500 personas en situación de pluriempleo, a fin de dar cobertura a sus necesidades básicas.

 

La precariedad se hace más patente en los grupos más vulnerables. Las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona su acceso al empleo y sus condiciones laborales. La brecha salarial de género afecta a este segmento ya que perciben un salario bruto anual medio de 17.949, 2 euros, frente a los 21.338,8 de los varones con discapacidad.

 

La alternativa del empleo por cuenta propia alcanza una tasa entre el colectivo del 10,4% (50.600 personas), frente al 15,4% entre la población sin discapacidad.

 

 

Respecto al nivel formativo, Odismet identifica en su estudio a 83.600 personas con discapacidad sin estudios, lo que representa el 4,5% del colectivo. En el caso de la población general, apenas representan el 0,4%.  Los porcentajes más altos se encuentran en las mujeres (4,7%), en aquellos con discapacidad intelectual y en las comunidades de Canarias, Andalucía, Murcia y Ceuta y Melilla. 

 

Las personas con discapacidad que han alcanzado estudios superiores suponen el 16,9%, primando las mujeres (22,2%), las discapacidades de tipo físico y visual, y las comunidades de Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja. 

 

El informe de Odismet refleja que existe una relación directa entre el nivel de estudios y la tasa de actividad, a mayor nivel formativo mayor predisposición hacia el empleo: 50,3% para las personas con discapacidad con estudios superiores, 36,4% para los que cuentan con estudios secundarios, 19,1% para los primarios y 3,8%, para los que carecen de formación.

 

 

En este sentido, la directora de Formación, Empleo Operaciones y Transformación de Fundación ONCE y directora general de Inserta Empleo, Sabina Lobato, ha asegurado que para mejorar esta situación y reducir además la brecha digital que sufren las personas con discapacidad, Fundación ONCE e Inserta Empleo pusieron en marcha Por Talento Digital, un programa de formación específica, “que aprovecha el nicho de empleo que surge del nacimiento de nuevos empleos tecnológicos vinculados a la transformación digital”.

 

En España, se registran 212.807 alumnos con necesidades educativas especiales. El 82,4% cursa sus estudios en centros integrados.

 

Respecto a las prestaciones económicas dirigidas al colectivo, el mayor volumen corresponde a las pensiones contributivas por incapacidad permanente, de las cuales se benefician 949.441 personas con discapacidad, con un importe medio mensual de 975,48 €.

 

A continuación ha intervenido el jefe de Estudios de BBVA Research, Rafael Domenech, quien ha asegurado que la crisis de 2020 ha reafirmado y aumentado la velocidad de las tendencias previas que apuntaban ya a una revolución digital. En este sentido cabe destacar el aumento del teletrabajo que pasó del 14% al 50% con la pandemia; la digitalización y robotización, que va a continuar en los procesos productivos, y el auge de todo los relacionado con el comercio electrónico y el nacimiento de nuevos negocios.

 

Asimismo, ha reconocido que el Fondo Europeo de Recuperación ha actuado de forma rápida poniendo a disposición de España 140.000 millones de euros que, en su opinión, tienen que ayudar a reducir la brecha digital “para mejorar las políticas activas del mercado de trabajo y la empleabilidad de los colectivos que más lo necesitan, como es el caso de las personas con discapacidad”. 

 

Para la asesora en estrategia sobre las tecnologías emergentes, la innovación y la cultura digital, Rahaf Harfoush, “es necesario tener en cuenta la diversidad para conseguir un mercado laboral inclusivo y para ello, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos en qué mundo queremos vivir y si deseamos incluir en él a los colectivos que no están bien representados. Además, a su juicio “ tenemos que avanzar hacia la personalización porque la estandarización no funciona . Todos somos diferentes y deberíamos dejar de intentar meter a todo el mundo en el mismo molde. Si queremos innovación en la empresa, tiene que haber diversidad”.

 

Por último, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha recordado que en Fundación ONCE e Inserta Empleo “estamos dispuestos a instrumentalizar todos los mecanismos necesarios para adaptarnos a cualquier circunstancia que nos presenten las empresas y ofrecerles candidatos con formaciones que vayan desde las más básicas a las más sofisticadas para el desarrollo de profesiones tecnológicas”.