El Pleno del Parlamento andaluz aprob� ayer con el voto en contra del PP-A, la abstenci�n de IULV-CA y el respaldo del PSOE-A, Podemos y Ciudadanos, la Ley de los Derechos y la Atenci�n a las Personas con Discapacidad en Andaluc�a, una norma que afectar� a m�s de 720.000 personas en la Comunidad aut�noma y que cuenta con una memoria econ�mica de 1.300 millones anuales. Una de las novedades de la ley es que reorienta las actuaciones p�blicas desde un �mbito biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad, hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacci�n con el entorno, as� como la participaci�n real y efectiva en todos los asuntos que le son propios. Tambi�n prev� distintos instrumentos y medidas como la elaboraci�n de planes de acci�n integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, as� como otro de empleo para el colectivo. Asimismo, recoge el derecho a la atenci�n infantil temprana mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, as� como el derecho a una educaci�n inclusiva, permanente y de calidad. Las universidades andaluzas, por su parte, deber�n aprobar un plan especial de accesibilidad y disponer de una unidad o servicio de atenci�n o apoyo a la discapacidad. En el �mbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo p�blico y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al 10% del n�mero de plazas para personas con discapacidad, y como novedad se reserva el 1% de plazas para personas con enfermedad mental y en los cursos de formaci�n para el empleo, organizados por la Junta, se reservar� el 5% frente al 3% que propon�a el proyecto de ley. Asimismo, se reservar� al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. De otro lado, la ley reconoce el derecho de las personas con discapacidad en situaci�n de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, entre otras actuaciones, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoci�n de la autonom�a personal, as� como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente. En el �rea de la contrataci�n p�blica se reserva el 5% del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los centros especiales de empleo. Se introduce tambi�n una cl�usula de desempate obligatoria a favor de las empresas con un mayor n�mero de personas con discapacidad en plantilla, por encima de la reserva legal del 2%. Adem�s, la ley tipifica las infracciones y las clasifica en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros dependiendo de la calificaci�n de la infracci�n. Respecto a esta Ley, el presidente de nuestra Federaci�n (FAMS-COCEMFE Sevilla), Juan Jos� Lara, destaca la importancia de �tener una Ley que defienda los derechos de las personas con discapacidad en temas tan necesarios y urgentes como son el empleo, la vivienda, la accesibilidad, la formaci�n, la atenci�n infantil temprana, la mujer, la salud, la educaci�n, etc; y que garantice el bienestar de las personas con discapacidad en Andaluc�a�.

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