Apdis se suma al Comit� Espa�ol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y saluda que el Tribunal Constitucional, en sentencia conocida ayer, haya declarado sustancialmente v�lido y conforme al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut�nomas el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que regula las condiciones b�sicas de emisi�n y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. La norma reglamentaria, aprobada en diciembre de 2014, fue propuesta por el CERMI a trav�s del Consejo Nacional de la Discapacidad y asumida por el Ejecutivo central que hizo suya la demanda social y la aprob� como regulaci�n b�sica para todo el territorio nacional. Con esta regulaci�n estatal, se pretend�a establecer unas condiciones b�sicas en la emisi�n y uso de las tarjetas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida en todo el territorio nacional, cuesti�n que en ese momento estaba desperdigada en distintas normativas auton�micas que imped�an la igualdad y la libre movilidad de las personas con discapacidad. El Real Decreto fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno Vasco al entender que invad�a competencias auton�micas, pero la sentencia conocida ayer es clara porque considera que la norma reglamentaria es adecuada y que, excepto aspectos muy menores, respeta plenamente el orden constitucional de distribuci�n de competencias, reconociendo al Estado un espacio para regular condiciones b�sicas que aseguren la igualdad de todos los ciudadanos espa�oles.

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