El Comit� Espa�ol de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al nuevo Parlamento una modificaci�n legislativa para que los fondos de las cuentas bloqueadas por no identificaci�n del titular pasen al Estado y este tenga que dedicarlos a fines sociales de atenci�n a grupos vulnerables. Con arreglo a la legislaci�n contra el blanqueo de capitales aprobada en 2010, las entidades de cr�dito tienen la obligaci�n de identificar a todos sus clientes y personas con las que mantengan relaciones de negocio o realicen cualesquiera operaciones, teniendo como plazo para ello hasta el 30 de abril de 2015. Los titulares de cuentas en entidades de cr�dito pudieron regularizar la situaci�n aportando el documento nacional de identidad (DNI) u otro documento oficial acreditativo de la identidad, ya que en esa fecha finaliz� el plazo que dio la ley para identificarlos. La respuesta legal ante la falta de identificaci�n de los titulares de las cuentas es el bloqueo de la mismas y no la cancelaci�n (esta solo se produce cuando no hay saldo). Por ello, habr� que esperar los veinte a�os establecidos en el art�culo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P�blicas, para que los saldos de las cuentas puedan ingresarse a favor del Estado para el destino previsto en la ley. El tratamiento de una cuenta bloqueada es el mismo que el de las llamadas cuentas "durmientes" o sin actividad. Mientras est�n bloqueadas, el titular puede llegar a cumplir con el requisito de identificaci�n (aportaci�n DNI, etc.) y volver a estar operativa y en funcionamiento la cuenta. Si no se identifica, transcurrido el periodo legal, los saldos pasan a ingresarse en el Tesoro P�blico a favor del Estado. La propuesta de modificaci�n legislativa del Cermi, remitida al Congreso y al Senado, es "reformar la Ley 33/2003 para dar a los saldos de las cuentas bloqueadas el mismo tratamiento que a los de las cuentas sin actividad, ya previsto en la normativa, y rebajar de 20 a cinco a�os el plazo m�ximo en que pasar�an al Estado y que este ha de destinar a fines sociales, en concreto a programas de mejora educativa de personas con discapacidad". Seg�n indica el Cermi en una nota, "con este cambio normativo se multiplicar�an los recursos que la Administraci�n obtiene por esta v�a, y por tanto se dispondr�a de muchos m�s fondos para dedicarlos a fines sociales de atenci�n a personas con discapacidad".

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