La Ley 13/1982, de 7 de abril, Lismi), ten�a como uno de sus principales objetivos impulsar y fomentar la integraci�n laboral de personas con discapacidad. Y estableci� para ello que las empresas, tanto p�blicas como privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores deb�an contratar a un n�mero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. Una obligaci�n que se facilit� posteriormente con la aprobaci�n del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, que recogi� las llamadas medidas alternativas de cumplimiento. Sin embargo, casi 34 a�os despu�s, esta ley, convertida hoy en la actual Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusi�n Social (conocida como Ley General de Discapacidad, LGD), sigue teniendo un baj�simo nivel de cumplimiento: el 81% de las empresas espa�olas sigue sin cumplir los preceptos incluidos en la norma, seg�n pone de manifiesto un estudio elaborado por la consultora Leialta, especializada en el asesoramiento en la tramitaci�n para la inclusi�n laboral de personas con discapacidad. Centro especial de empleo La ley pone al servicio de las empresas una herramienta para conseguir empleo para este colectivo y ayudar a las empresas a cumplir con la obligaci�n: el centro especial de empleo (CEE), que funciona como una empresa en s� misma y que se ocupa del reclutamiento y selecci�n de las personas con discapacidad para su incorporaci�n al mundo laboral. Su constituci�n debe estar avalada por las comunidades aut�nomas y contar con un 70% de empleados con una discapacidad igual o superior al 33%. . �Observamos entre nuestros clientes y las visitas comerciales que hac�amos que hab�a mucho desconocimiento en torno a la Lismi y en qu� consist�a su cumplimiento. Hasta tal punto que nos decidimos a lanzar una encuesta y descubrimos que alrededor del 81% de las empresas en Espa�a, principalmente pymes, no la est�n cumpliendo�, explica Javier Mart�nez, socio de Leialta. El siguiente paso de la consultora fue averiguar las razones de ese incumplimiento. La principal era el desconocimiento. Y entre las empresas que s� que lo conoc�an se daban principalmente cuatro tipo de razones para no cumplir. La primera es la falta de datos especializados de personas con discapacidad. �No sab�an d�nde encontrar a esas personas con discapacidad en el mercado, para poder evaluarlas, seleccionarlas y contratarlas�, explica Mart�nez. Una segunda raz�n es la incompatibilidad con el puesto de trabajo, �algo que en muchas ocasiones la tecnolog�a puede solucionar, por ejemplo con el teletrabajo para las personas con movilidad muy reducida�, apunta Mart�nez. Otra causa eran los costes y la falta del conocimiento necesario para adaptar e integrar a esa persona en el puesto de trabajo. �Un trabajador social o un psic�logo pueden ayudar a la empresa a tomar aquellas medidas necesarias para eliminar los obst�culos que va a tener esa persona para integrarse en su puesto de trabajo. Es un coste superior, pero si contratas a una persona con discapacidad tambi�n tienes un ahorro�, argumenta el socio de Leialta. �Por �ltimo, hab�a un punto m�s pol�mico, con el cual nosotros no estamos de acuerdo, y es que las personas con discapacidad tienen un mayor absentismo. El hecho de tener una discapacidad no hace que vaya a faltar m�s a su puesto de trabajo�, enfatiza Mart�nez. El estudio tambi�n pone de relieve los beneficios que la ley prev� para las empresas que cumplan la norma y que, por tanto, est�n dejando de aprovechar la mayor�a del tejido empresarial. Estos beneficios pueden alcanzar el 75% de los gastos laborales por cada empleado. El estudio de Leialta destaca en especial el beneficio social que supone la integraci�n laboral de las personas con discapacidad. Seg�n los �ltimos datos disponibles, la tasa de paro de las personas con discapacidad supone el 32% del total, ocho puntos superior a la tasa de desempleo general. Adem�s, el 60% est�n dentro del colectivo de desempleados de larga duraci�n.

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