La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual FEAPS hace público un manifiesto titulado Más de 100.000 razones para luchar, en referencia a las más de 100.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo representadas por su movimiento asociativo, que están viendo peligrar su plena ciudadanía y el ejercicio de sus derechos con las medidas anunciadas por el Gobierno. De esta manera, la Confederación nacional FEAPS en la que se integra FEAPS Región de Murcia, se suma a las reclamaciones realizadas por las principales plataformas de la discapacidad (CERMI) y las personas mayores (CEOMA y UDP) en relación con la merma de la cobertura ofrecida por el Sistema para la Autonomía Personas y Atención a la Dependencia (SAAD). El presidente de CERMI, Luis Cayo, anunció "un periodo de contestación y movilización social". En el documento, FEAPS identifica en el documento graves riesgos en la sostenibilidad de los apoyos y servicios ofrecidos por sus organizaciones a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; la supervivencia de sus centros especiales de empleo y de 30.000 de puestos de trabajo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; la cobertura del citado SAAD; la inclusión de estas personas en el ámbito de la educación; o el sobreesfuerzo que tendrán que hacer sus familias en este nuevo contexto económico. Ante todas esas situaciones, FEAPS hace un llamamiento a la unidad de su movimiento asociativo y de toda la ciudadanía en general, y afirma que los recortes e impagos de las administraciones públicas, así como las nuevas medidas planteadas por el Gobierno, suponen "una flagrante vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad". Junto a ello, el documento afirma que las personas y organizaciones de FEAPS se están esforzando por que la crisis no afecte a los colectivos que representan, y seguir cumpliendo "con una responsabilidad que corresponde en última instancia al Estado, y que éste nos ha derivado". "Mientras una sola persona con discapacidad intelectual o del desarrollo se encuentre en una situación que le avoque a la marginación o a la pobreza, seguiremos luchando por ella", concluye.

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