Profundizar en los derechos de las personas con discapacidad intelectual, así como desarrollar y velar por la aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en la práctica jurídica, o lo que es lo mismo, en su vida diaria, es uno de los retos de la sociedad para integrar a este colectivo Cerca de 150 profesionales participaron ayer en la Universidad Pública de Navarra en una jornada en la que participaron fiscales, jueces, técnicos y entidades. Ciudadanos de pleno derecho era el título de esta jornada, organizada por la UPNA, la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) y de la Asociación Navarra a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Anfas). La presidenta de Feaps Navarra, Antonia Alonso, destacó tras las jornadas la oportunidad que supone el cumplimiento de esta Convención, que fue ratificada por el Estado español en 2008, aunque es "de aplicación directa", y en 2011 se han adaptado otras leyes estatales a la misma. Un nuevo marco que "desarrolla toda la capacidad jurídica que tiene la persona discapacitada y que tiene más en cuenta lo que puede hacer que sus limitaciones, además de dotar de apoyos para cubrir esas incapacidades", indicó. "A lo mejor no es aconsejable que una persona venda su casa, pero sí puede disponer de un préstamo hipotecario", explicó. El texto normativo garantiza derechos como el de ser propietaria, heredar bienes, igualdad de acceso a hipotecas y otras modalidades de crédito. Las personas discapacitadas tienen también derecho a vivir de forma independiente y elegir su lugar de residencia. El derecho a casarse y tener una familia porque ahora "se ponen muchas trabajas, sobre todo desde las propias familias, y además va a necesitar unos apoyos...". Y el acceso a una "variedad" de servicios de asistencia domiciliaria o residencial. Se alienta además a las entidades privadas a que utilicen medios tecnológicos avanzados como es la lectura fácil para favorecer la comunicación con este colectivo. Entre otras reivindicaciones de Feaps (atiende a 3.000 personas) destaca la ampliación de la atención infantil "para actuar en el inicio de la discapacidad" hasta los 6 años, trazar un proyecto individual en los colegios para cada niño con discapacidad, y a su vez mantener los apoyos para la integración. También piden impulsar con el apoyo de Educación la atención para verano y vacaciones porque "nuestros hijos no tienen capacidad de juego y es una pena que en verano pierdan habilidades adquiridas porque no pueden ir a campamentos". El presidente del TSJN, Juan Manuel Fernández, habló de sustituir en el proceso judicial un modelo asistencial o caritativo por otro de "apoyo, que garantice la dignidad de la persona, además de saber escucharle con todos los medios técnicos". En este sentido, destacó que Navarra realiza un gran esfuerzo.

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