Las comunidades de vecinos tendr�n que costear m�s obras de accesibilidad en sus inmuebles de las que pagan actualmente, si queda tal y como est� redactado ahora el proyecto de ley que adaptar� parte de la legislaci�n espa�ola a la Convenci�n de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado este mi�rcoles en el Congreso. El texto, que ahora pasa al Senado, reforma, entre otras, la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades a sufragar las obras de accesibilidad que requieran los vecinos con discapacidad o mayores de 70 a�os y cuyo coste "no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes". Concretamente, el proyecto se�ala que "la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta a�os, vendr� obligada a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalaci�n de dispositivos mec�nicos y electr�nicos que favorezcan su comunicaci�n con el exterior, cuyo importe total no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes". Hasta el momento, la Ley de Propiedad Horizontal obliga a las comunidades de vecinos en las que haya personas con discapacidad o mayores de 70 a�os a costear las mejoras de accesibilidad si su importe total no excede "de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes". Puesto que los grupos parlamentarios entienden que esta modificaci�n puede suponer un problema para los propietarios con bajos ingresos econ�micos, han establecido una excepci�n en la futura norma para excluir del pago de la derrama por obras de accesibilidad a los vecinos cuyos ingresos anuales sean inferiores a 2,5 veces el Indicador P�blico de Renta de Efectos M�ltiples (Iprem). Esta excepci�n se aplicar� "excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas p�blicas a las que la unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, privativas o en los elementos comunes, superen el 33% de sus ingresos anuales". EMPRESAS QUE NO CUMPLEN Otro de los aspectos modificados en este proyecto de ley, que a su vez reforma una docena de normas, alude al castigo que recibir�n las empresas que incumplen con la obligaci�n legal de contratar a personas con discapacidad. En concreto y seg�n el texto salido del Congreso, las empresas que quieran optar a contratos p�blicos deber�n acreditar que cumplen con lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci�n Social de los Minusv�lidos, "relativo a la obligaci�n de contar con un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes". A este respecto, Francisca Medina, del PSOE, se�al� que si bien el punto anterior se ha aprobado, su grupo tratar� de negociar una modificaci�n en el Senado, ya que tal y como est� ahora redactado puede entrar en contradicciones con normativa europea. En la misma l�nea, el proyecto indica que las empresas obligadas por ley a tener en su plantilla al menos un dos por ciento de trabajadores con discapacidad, o en su defecto, a cumplir con medidas alternativas de car�cter excepcional que no lo hagan "perder�n autom�ticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicaci�n de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometi� la infracci�n". Del mismo modo, las empresas que no cumplan con este precepto podr�n quedar excluidas del acceso a tales beneficios por un per�odo m�ximo de dos a�os. El texto que la Comisi�n de Sanidad, Pol�tica Social y Consumo, con competencia legislativa plena, env�a a la C�mara Alta, se queda un poco corto para el Partido Popular, que considera que pod�a haber sido "m�s ambicioso", aunque como todos los grupos lo ve "necesario" y �til para las personas con discapacidad.

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