El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta de la ministra de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, Leire Paj�n, el anteproyecto de Ley General de Salud P�blica, que pretende luchar contra las desigualdades en salud y garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos. El anteproyecto, consensuado con las comunidades aut�nomas, "quiere servir para reforzar las acciones preventivas y de promoci�n y protecci�n de la salud de acuerdo con lo recogido en el art�culo 43 de las Constituci�n, as� como establecer las bases para las actuaciones de las distintas adminitraciones en salud p�blica". En este sentido desde Sanidad recuerdan que, "hasta la fecha", las estructuras sanitarias "se han centrado m�s en la atenci�n sanitaria y la resoluci�n de enfermedades que en la prevenci�n", por este motivo, han visto necesario el desarrollo de esta nueva normativa. "La salud p�blica trata de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad y aunque los servicios sanitarios son imprescindibles para hacer frente a las enfermedades, no son los principales condicionantes del estado de salud", explica. As�, aunque la "finalidad �ltima" de esta norma es "alcanzar y mantener el m�ximo nivel de salud de la sociedad espa�ola" estableciendo las bases generales para que las diferentes, estipula que se deber� garantizar los derechos y deberes, "tanto individuales como colectivos respecto a las prestaciones de salud p�blica, la promoci�n y la prevenci�n de la salud". Tambi�n, entre sus objetivos, se encuentra conseguir "la consideraci�n de la salud como efecto de otras pol�ticas con la adecuada coordinaci�n entre el sector salud y otros sectores"; "disminuir las desigualdades injustas en salud, sean territoriales, sociales, culturales o de g�nero"; y, finalmente, "establecer los instrumentos necesarios" para la correcta planificaci�n y coordinaci�n en Espa�a. Hay que tener encuenta que, actualmente, comunidades como Valencia, Catalu�a, Castilla y Le�n o Baleares tienen sus propias Leyes de Salud P�blica y, proximamente, comunidades como Andaluc�a o Extremadura la est�n desarrollando. Por este motivo, desde Sanidad afirman que "se hace necesario coordinar la regulaci�n sobre la materia que han ido desarrollando las comunidades aut�nomas". Por otra parte, la norma recoge por primera vez en el mundo la vigilancia de los condicionantes sociales de la salud, en materia de derechos y deberes. Asimismo, entre las obligaciones de las Administraciones se especifica el deber de garantizar la independencia y la transparencia de sus actuaciones en salud p�blica. En el cap�tulo de las desigualdades, en materia de actuaciones de prevenci�n, promoci�n y protecci�n de la salud el anteproyecto pone especial �nfasis en la prevenci�n de la discapacidad y en evitar intervenciones de salud p�blica innecesarias o de eficacia no demostrada cient�ficamente con el objeto de evitar molestias innecesarias en los ciudadanos. DIFERENTES ORGANISMOS DE COORDINACION Con el fin de reforzar la coordinaci�n de los sistemas de alerta, la norma establece la organizaci�n y funciones de los Sistemas de Informaci�n y de Vigilancia de la Salud P�blica desde una perspectiva integral que recoja todos los condicionantes de la salud. De este modo, en primer lugar, se articula la Red Espa�ola de Vigilancia en Salud P�blica de la que depender� la Red Espa�ola de Laboratorios en Salud P�blica, que permitir� disponer de las t�cnicas y procedimientos de m�xima calidad para la detecci�n y an�lisis de cualquier riesgo para la salud p�blica. La Ley recoge adem�s el desarrollo de diversos centros que servir�n para la planificaci�n y coordinaci�n de la salud p�blica en Espa�a. En este sentido, se crear� el Centro de an�lisis de pol�ticas y actuaciones en salud p�blica, que tiene como objetivo la realizaci�n de asesoramiento t�cnico y la evaluaci�n en el �mbito de la Administraci�n General del Estado. Asimismo, llevar� a cabo labores de asesoramiento t�cnico y cient�fico y de evaluaci�n de intervenciones de salud p�blica en el �mbito de otras administraciones, instituciones o entidades interesadas. Adem�s, consolidar� como �rgano de coordinaci�n la Comisi�n de Salud P�blica, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para garantizar la cohesi�n y equidad de las actuaciones de salud p�blica y su integraci�n en todas las pol�ticas con impacto en salud. Y, por �ltimo, tambi�n se crear� el Consejo Espa�ol de Salud P�blica como �rgano colegiado de consulta y participaci�n, adscrito al Ministerio de Sanidad, Pol�tica Social e Igualdad, en el que estar�n representados los departamentos de la Administraci�n General del Estado cuyas pol�ticas inciden en la salud y aquellas otras Administraciones, organismos y organiaciones que aseguren una adecuada gobernanza del sistema. En definitiva, la futura Ley supondr� una mejora para el bienestar de la poblaci�n y la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales.

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