La Secci�n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado los criterios de participaci�n en las prestaciones econ�micas del Sistema de Autonom�a Personal y Apoyo a la Dependencia (SAAD) que fij� en 2008 el Consejo Interterritorial del ramo, porque considera que tienen rango normativo y, sin embargo, el Gobierno "omiti�" aprobarlos por Real Decreto. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima un recurso presentado por el CERMI contra el modo en que se fijaron los citados criterios. Para la organizaci�n, el acuerdo del Consejo "constituye una norma de car�cter reglamentario", que por tanto, requer�a de un Real Decreto similar a los que ha ido aprobando el Consejo de Ministros para establecer asuntos como los baremos de la situaci�n de dependencia. El CERMI hab�a recurrido tambi�n el fondo de los criterios, en lo relativo al c�lculo de la renta del beneficiario para asignarle una cuant�a u otra de prestaci�n econ�mica, pero la Sala ha desestimado esta reclamaci�n por entender que, en este caso, se trata s�lo de una "propuesta" del Consejo Interterritorial y no de una norma, por lo que "no cabe enjuiciar" su contenido. Sobre el primer asunto, la sentencia, contra la que cabe recurso, da la raz�n al CERMI porque considera que la decisi�n de "adoptar los criterios de participaci�n del beneficiario en el coste de los servicios constituye, materialmente, una disposici�n general". El magistrado aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto para recordar que estas disposiciones se elaboran y aprueban "por un procedimiento especial", recogido en la Constituci�n y desarrollado por la Ley del Gobierno, que implica la confecci�n de un Real Decreto que pueda ser sometido a los �rganos consultivos del Estado. Para el Supremo, "la omisi�n o defectuoso cumplimiento" de dicho procedimiento especial "traducido en un olvido trascendente para la finalidad a que tiende su exigencia, arrastra la nulidad de la disposici�n que se dicte". Por ello, la Audiencia Nacional concluye que "el recurso debe acogerse por cuanto la omisi�n de procedimiento en que ha incurrido la decisi�n recurrida determina su nulidad de pleno derecho, al no haberse respetado las exigencias establecidas en la Ley del Gobierno (...) en relaci�n con la participaci�n de los �rganos consultivos en la misma previstos".

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