El sector social de la discapacidad, representado por el Comit� Espa�ol de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha planteado sus propuestas al proyecto de la Ley Reguladora de la Jurisdicci�n Social, en tr�mite en el Congreso, con el objetivo de dar seguridad jur�dica a la inclusi�n de los actos de reconocimiento del grado de discapacidad y dependencia por la v�a social. El Cermi explica en una nota que lo que se busca es una coherencia en la organizaci�n de los �rdenes jurisdiccionales, siendo la jurisdicci�n social el orden competente en relaci�n al control judicial de los actos administrativos de la Seguridad Social, as� como del reconocimiento del grado de discapacidad o de dependencia, y no la jurisdicci�n contencioso-administrativa, como ocurre hasta ahora. Asimismo, el Cermi considera conveniente lograr ?la mayor congruencia y armonizaci�n posible de las decisiones jurisdiccionales?, al tiempo que exige ?una mayor celeridad para los procedimientos en el orden social, por cuanto afectan a derechos sociales cuya satisfacci�n efectiva requiere r�pida respuesta judicial?. De lo contrario, a�ade, ?se frustrar�a la propia finalidad de la ley, que es atender situaciones de necesidad, en muchos casos de personas cuya esperanza de vida puede ser limitada, por raz�n de edad avanzada, que precisa ser satisfecha de forma casi inmediata y personal?. El Cermi expone que "ir a la jurisdicci�n contencioso-administrativa supone esperar de 4 a 5 a�os a la resoluci�n definitiva, mientras en la jurisdicci�n social el periodo de tramitaci�n para cuestiones no urgentes, que habitualmente no llega a un a�o, el procedimiento es breve y se regula en un solo acto". Para el comit�, es cuesti�n de "justicia social", ya que, seg�n afirma, "la justicia que no llega es justicia que no sirve". "De acuerdo con el Sistema de Informaci�n del SAAD, el 79,38% de los solicitantes de valoraci�n de la situaci�n de dependencia tiene m�s de 65 a�os de edad; y el 53,02% son personas mayores de 80 a�os". Por ello, "las personas que recurren, en v�a contencioso-administrativa, una soluci�n de valoraci�n de la situaci�n de dependencia, tienen una esperanza de vida media bastante reducida (no m�s de tres a�os si son hombres, y no m�s de cuatro a�os si son mujeres), que hacen que el tiempo medio de resoluci�n de los recursos en esta jurisdicci�n no les garantice el disfrute en vida de los resultados de su reclamaci�n". Por otra parte, aunque el proyecto de ley no excluye expresamente el acto administrativo de reconocimiento del grado de discapacidad de la jurisdicci�n social, el Cermi tambi�n propone ?dar seguridad jur�dica a la inclusi�n de estos actos?, ya que, seg�n el comit�, "existen dudas sobre la interpretaci�n que los tribunales pueden dar en un futuro al art�culo de la ley que excluye expresamente los actos administrativos de asistencia y protecci�n social p�blicas".El sector social de la discapacidad, representado por el Comit� Espa�ol de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha planteado sus propuestas al proyecto de la Ley Reguladora de la Jurisdicci�n Social, en tr�mite en el Congreso, con el objetivo de dar seguridad jur�dica a la inclusi�n de los actos de reconocimiento del grado de discapacidad y dependencia por la v�a social. El Cermi explica en una nota que lo que se busca es una coherencia en la organizaci�n de los �rdenes jurisdiccionales, siendo la jurisdicci�n social el orden competente en relaci�n al control judicial de los actos administrativos de la Seguridad Social, as� como del reconocimiento del grado de discapacidad o de dependencia, y no la jurisdicci�n contencioso-administrativa, como ocurre hasta ahora. Asimismo, el Cermi considera conveniente lograr ?la mayor congruencia y armonizaci�n posible de las decisiones jurisdiccionales?, al tiempo que exige ?una mayor celeridad para los procedimientos en el orden social, por cuanto afectan a derechos sociales cuya satisfacci�n efectiva requiere r�pida respuesta judicial?. De lo contrario, a�ade, ?se frustrar�a la propia finalidad de la ley, que es atender situaciones de necesidad, en muchos casos de personas cuya esperanza de vida puede ser limitada, por raz�n de edad avanzada, que precisa ser satisfecha de forma casi inmediata y personal?. El Cermi expone que "ir a la jurisdicci�n contencioso-administrativa supone esperar de 4 a 5 a�os a la resoluci�n definitiva, mientras en la jurisdicci�n social el periodo de tramitaci�n para cuestiones no urgentes, que habitualmente no llega a un a�o, el procedimiento es breve y se regula en un solo acto". Para el comit�, es cuesti�n de "justicia social", ya que, seg�n afirma, "la justicia que no llega es justicia que no sirve". "De acuerdo con el Sistema de Informaci�n del SAAD, el 79,38% de los solicitantes de valoraci�n de la situaci�n de dependencia tiene m�s de 65 a�os de edad; y el 53,02% son personas mayores de 80 a�os". Por ello, "las personas que recurren, en v�a contencioso-administrativa, una soluci�n de valoraci�n de la situaci�n de dependencia, tienen una esperanza de vida media bastante reducida (no m�s de tres a�os si son hombres, y no m�s de cuatro a�os si son mujeres), que hacen que el tiempo medio de resoluci�n de los recursos en esta jurisdicci�n no les garantice el disfrute en vida de los resultados de su reclamaci�n". Por otra parte, aunque el proyecto de ley no excluye expresamente el acto administrativo de reconocimiento del grado de discapacidad de la jurisdicci�n social, el Cermi tambi�n propone ?dar seguridad jur�dica a la inclusi�n de estos actos?, ya que, seg�n el comit�, "existen dudas sobre la interpretaci�n que los tribunales pueden dar en un futuro al art�culo de la ley que excluye expresamente los actos administrativos de asistencia y protecci�n social p�blicas".

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