La discriminaci�n, la falta de ayudas y el incumplimiento de derechos que sufren los discapacitados en Espa�a se muestran en el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad presentado por el Comit� Espa�ol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con motivo del D�a Internacional sobre los Derechos Humanos. Este estudio es una alternativa y a la vez un complemento al ya enviado a la ONU por el Gobierno, y tiene como finalidad analizar si se aplican y respetan los principios incluidos en la Convenci�n Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD). �scar Moral, asesor jur�dico del CERMI, ha destacado que aproximadamente el 20% de los discapacitados (de un total de m�s de cuatro millones) no pueden salir de sus hogares por las barreras arquitect�nicas que se lo impiden. "Son personas en las que el grado de socializaci�n se pierde", ha asegurado Moral. El sistema educativo margina bastante a los discapacitados. La Ley de Educaci�n obliga a los ni�os con minusval�as a acudir a colegios espec�ficos. Esta segregaci�n ha causado que un 11,5% de la poblaci�n con discapacidad no haya completado sus estudios primarios, frente al 2,1% de la poblaci�n en general. Las cifras aumentan entre las f�minas: casi el 75% de las discapacitadas carecen de estudios o s�lo tienen estudios primarios. Esterilizaciones forzadas El sector femenino es el peor parado en todos los �mbitos. El 60% de desempleados con discapacidad son mujeres, y a esto se le a�ade otro grave problema: muchas son sometidas a esterilizaciones forzadas, algo permitido por el C�digo Penal espa�ol para las personas con graves deficiencias ps�quicas. Basta con que lo solicite el familiar a cargo del incapacitado. El CERMI reclama la prohibici�n de esta pr�ctica por considerar que atenta contra la integridad de la mujer. Estos datos llegan casi una semana despu�s de que el Consejo de Ministros aprobara un Proyecto de Ley para adaptarse a la normativa de la ONU. Sin embargo, el CERMI lo considera a�n insuficiente y presentar� enmiendas a todos los grupos parlamentarios para introducir medidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad.

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