La ministra de Sanidad y Pol�tica Social, Trinidad Jim�nez, ha presentado hoy a las comunidades aut�nomas el anteproyecto de Ley de Adaptaci�n normativa a la Convenci�n internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta presentaci�n se ha realizado durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidido por la ministra y celebrado en Palma de Mallorca. Mediante este anteproyecto de ley, parte de la legislaci�n espa�ola se adapta a la Convenci�n de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. En concreto, se recogen modificaciones en materia de sanidad, discapacidad, empleo, igualdad de oportunidades, protecci�n civil, cooperaci�n internacional y seguros. El anteproyecto de Ley, que deber� ser aprobado en Consejo de Ministros, consta de diez art�culos y dos disposiciones finales. Se enmarca en un proyecto normativo m�s amplio de adaptaci�n de diversas disposiciones de nuestro ordenamiento jur�dico a la Convenci�n de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y tiene su origen inmediato en un Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010. CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY En materia de sanidad, se modifican diversas leyes: Ley General de Sanidad, Ley sobre extracci�n y trasplante de �rganos, Ley reguladora de la autonom�a del paciente y Ley sobre t�cnicas de reproducci�n humana asistida. Estas variaciones introducen medidas para que las personas con discapacidad puedan tomar por s� mismas decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos cl�nicos. Adem�s, se regula el derecho a recibir la informaci�n en formatos accesibles para las personas con discapacidad y se incluye la discapacidad como causa de no discriminaci�n de la persona en su relaci�n con las distintas administraciones p�blicas sanitarias. Este anteproyecto de Ley tambi�n modifica distintos art�culos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminaci�n y accesibilidad universal (LIOUNDAU), destacando el ajuste de la definici�n legal de �persona con discapacidad� a la contenida en la Convenci�n. Respecto al empleo, se aumenta hasta el 7% el cupo de reserva para las personas con discapacidad en las ofertas p�blicas de empleo (hasta ahora era un 5%): el 2% de las plazas totales ser�n para personas con discapacidad intelectual y el otro 5% para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Igualmente, se endurece el r�gimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminaci�n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para el supuesto de comisi�n de una infracci�n muy grave por las instituciones que presten servicios sociales. En cuanto a protecci�n civil, se regulan protocolos de actuaci�n espec�ficos para las personas con discapacidad. En el �mbito de la cooperaci�n internacional se incluye la discapacidad de un modo expreso y diferenciado. Por �ltimo, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de seguro, se introduce la prohibici�n de la denegaci�n de acceso a la contrataci�n por raz�n de discapacidad. CONVENCI�N DE LA ONU SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD La Convenci�n Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Espa�a fue uno de los primeros pa�ses del mundo en ratificar la Convenci�n de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad, que entr� en vigor el 3 de mayo de 2008. Desde entonces forma parte del ordenamiento jur�dico espa�ol. El Consejo de Ministros acord�, el 10 de julio de 2009, crear un grupo de trabajo interministerial, presidido por el Ministerio de Sanidad y Pol�tica Social, para que analizara la legislaci�n vigente y emitiera un informe con conclusiones sobre las modificaciones pertinentes. Este grupo elabor� un informe con las medidas necesarias para adaptar la legislaci�n espa�ola a la Convenci�n de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 30 de marzo de este a�o. La Convenci�n de la ONU supone un cambio en el concepto de discapacidad, que pasar de ser considerada como una preocupaci�n en materia de bienestar social a ser concebida como una cuesti�n de derechos humanos. No establece nuevos derechos, pero protege y garantiza el disfrute de los derechos y la igualdad plena con el resto de las personas, especialmente en �reas como la participaci�n en la vida p�blica y en el bienestar social.

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