No a los recortes: Por los derechos sociales y la continuidad y estabilidad del sector de la discapacidad. Mantener las conquistas. Las personas con discapacidad y sus familias siguen siendo un grupo social sometido estructuralmente a exclusi�n severa, con dificultades enormes para ejercer sus derechos b�sicos y libertades fundamentales y para acceder a los bienes, productos y servicios que se consideran como normales para toda la poblaci�n. La grav�sima crisis econ�mica y de empleo que padecen Espa�a y Europa estos �ltimos a�os tiene un impacto mucho mayor en las personas con discapacidad y sus familias, y de forma especial en las mujeres con discapacidad, ya que la mayor vulnerablidad de esta parte del sector hace que la crisis incida en ellas de forma m�s virulenta, que ven peligrar o en riesgo de retroceder las a�n precarias conquistas sociales y de derechos obtenidas a lo largo de los �ltimos tiempos, gracias a la lucha sostenida del movimiento social de la discapacidad. Estos avances han de ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables y no son susceptibles de reducci�n o recorte; los poderes p�blicos han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con pol�ticas y legislaciones en�rgicas de inclusi�n. La realidad de los recortes. Los recortes sociales en el �mbito de la discapacidad no son por desgracia nuevos. En muchos �mbitos han venido produci�ndose en los �ltimos tres o cuatro a�os reducciones significativas de partidas sociales que han hecho desaparecer o comprometido gravemente la sostenibilidad de servicios y dispositivos de apoyo y atenci�n directos a hombres y mujeres con discapacidad y a sus familias, sobre todo los gestionados por estructuras del tercer sector no lucrativo que, a pesar de la actual situaci�n de crisis, han contribuido desde sus entidades a la creaci�n y al sostenimiento del empleo. Estos recortes debilitan los niveles de inclusi�n social conseguidos con tanto esfuerzo en los �ltimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias. Compromiso firme de los poderes p�blicos. El nuevo Gobierno que surja de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 y los gobiernos auton�micos renovados en gran medida en los primeros mese de este a�o deben comprometerse firmemente con los objetivos de inclusi�n de las personas con discapacidad y de sus familias mediante el desarrollo de legislaciones, pol�ticas, estrategias y decisiones reforzadas que mantengan la discapacidad en puestos relevantes y permanentes de la agenda pol�tica. La crisis econ�mica y social no puede servir de coartada o pretexto para detener las pol�ticas p�blicas de discapacidad y menos a�n para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusi�n en la comunidad y un nivel de vida digno. Por una aut�ntica autonom�a personal. En especial, la Ley 39/2006 y el Sistema para la Autonom�a y Atenci�n a la Dependencia que esta crea, cuyo despliegue en sus poco m�s de cuatro a�os de andadura ha sido desigual e incompleto, frustrando muchas de las expectativas despertadas, no necesitan recortes, moratorias o replanteamientos a la baja, sino un impulso pol�tico y presupuestario decidido para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protecci�n social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales a�n sin respuesta. Todo ello, sin que se resientan o debiliten las pol�ticas de discapacidad, que es una realidad m�s amplia y numerosa, pues la promoci�n de la autonom�a personal y la atenci�n a la dependencia no puede justificar en ning�n caso la continuidad y ampliaci�n de los recursos y apoyos dirigidos a todas las personas con discapacidad, est�n o no en situaci�n de dependencia o tengan necesidades de apoyo intensas para la autonom�a personal. La discapacidad y las pol�ticas de discapacidad tienen sustantividad y perfil propios, y no pueden confundirse o desdibujarse con la atenci�n a la dependencia, que es solo una parte de las pol�ticas sociales de inclusi�n. Salida inteligente de la crisis. La superaci�n de la actual crisis econ�mica y de empleo, que sufren las personas con discapacidad y sus familias con mucha mayor intensidad que otros sectores ciudadanos, no puede pasar por la salida f�cil de recortar o suprimir los derechos y prestaciones de car�cter social, que en Espa�a son todav�a d�biles, inestables y discontinuos. Las necesarias medidas reordenaci�n y racionalizaci�n de las estructuras productivas, de las pol�ticas y de las cuentas p�blicas han de recaer con preferencia en aquellos �mbitos, entornos y estructuras que no solo no generan valor, riqueza y cohesi�n sociales, sino que han estado y est�n en el origen de la actual situaci�n de crisis, constituyendo un lastre para el desarrollo sostenible y la creaci�n de empleo. La permanencia de la visi�n de derechos humanos. La forma de abordar la discapacidad es el enfoque de derechos humanos. Las legislaciones, las pol�ticas y la acci�n p�blica hacia las personas con discapacidad y su entorno familiar han de ir impregnadas de esta visi�n de derechos. Este enfoque de derechos humanos tiene su plasmaci�n pol�tica y jur�dica en la Convenci�n Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que forma parte del Derecho interno, al haber sido firmada y ratificada por Espa�a. El proceso de asimilaci�n de los principios, valores y mandatos de la Convenci�n debe continuar en los pr�ximos a�os, ya que su acervo se proyecta en m�ltiples frentes y dominios que necesitan revisarse a la luz del Tratado internacional de la discapacidad. En la pr�xima Legislatura, habr� que aprobar un nuevo bloque legislativo de adaptaci�n y ajustes normativos a las Convenci�n �tanto en el plano estatal como en el auton�mico�, que comprendan esferas como la igual capacidad jur�dica, las leyes civiles, el C�digo Penal, la legislaci�n educativa, entre otras. Movilizaci�n c�vica. El CERMI, como organizaci�n representativa de las personas con discapacidad y sus familias, cuya misi�n consiste en incidir pol�ticamente all� donde se toman las decisiones, actuar� para impedir y contrarrestar la adopci�n de medidas, presentes y futuras, que vayan en contra de la inclusi�n y las protecci�n sociales de los grupos ciudadanos m�s vulnerables, alertando, movilizando y activando sus estructuras y su capacidad de influencia y presi�n para la consecuci�n de estos objetivos irrenunciables. Coparticipaci�n. En estos momentos en los que un contexto econ�mico y social tan adverso exige decisiones de gran calado y alcance, los poderes p�blicos y los gobiernos deben contar activamente con los movimientos sociales, como el de la discapacidad, en la preparaci�n, dise�o, implantaci�n y seguimiento de las medidas que hayan de adoptarse para afrontar la crisis, a fin de que �stas surjan con la legitimidad ciudadana imprescindible

VOLVER